¿Quién
es responsable de la protección de los derechos de los niños?
La
ratificación casi universal de la Convención sobre los Derechos del
Niño refleja un compromiso mundial para con los principios de los derechos
de la infancia, y al ratificar la Convención, los gobiernos declaran
su intención de poner en práctica este compromiso. La tarea, sin embargo,
debe involucrar no sólo a los gobiernos sino a todos los miembros de
la sociedad. Las normas y los principios establecidos en la Convención
solamente pueden hacerse realidad cuando todo el mundo los respete,
en el marco de la familia, en las escuelas y otras instituciones que
proporcionan servicios a los niños, en las comunidades y en todos los
escalafones de la administración.
familias
y los derechos de la infancia
La
Convención sobre los Derechos del Niño subraya y confirma la importancia
de las familias —y en particular de los padres y las madres—
en la protección de los derechos de la infancia. Existe una percepción
equivocada de que la Convención quita a los padres, las madres y otros
tutores la responsabilidad de la atención de los niños y concede una
mayor autoridad en esta esfera a los gobiernos. Pero no es así. En varios
artículos, la Convención se refiere directamente a la función de los
padres, las madres y las familias y encarga a los gobiernos la tarea
de proteger y asistir a las familias en el cumplimiento de su función
esencial en la crianza de sus hijos. Exhorta a los gobiernos a que respeten
la responsabilidad de los padres, las madres, los tutores y otras personas
encargadas de la atención cuando se trata de orientar a los niños sobre
el ejercicio de sus propios derechos.
En
el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, nociones anticuadas
como la idea de que los niños son la "propiedad" de sus padres, quienes
tienen derechos absolutos sobre ellos, han sido reemplazadas por el
concepto de que los padres son responsables de la protección de los
derechos de sus hijos (el artículo 5
y el artículo 18).
Aunque el artículo 5 deja claro que los padres tienen derechos con respecto
sus hijos, estos derechos están vinculados directamente con la necesidad
de que los padres y las madres promuevan y protejan los derechos de
sus hijos. Las responsabilidades de los padres y las madres con respecto
a los derechos de sus hijos disminuyen a medida que el niño madura,
es decir, cuando los niños comienzan a comprender los valores, la cultura
y las normas de su sociedad, y cuando comienzan a relacionarse con los
otros sobre la base de la tolerancia, el respeto mutuo y la solidaridad
entre sus familias y las comunidades. La Convención sobre los Derechos
del Niño reconoce el equilibrio entre los derechos y las responsabilidades
de las familias, por una parte, y la capacidad cada vez mayor de los
niños para ser los actores principales en el ejercicio de sus derechos
y sus responsabilidades, por otra.
Poner
los principios en práctica
Por
encima de todo, convertir en realidad los principios que sustentan los
derechos de la infancia exige la actividad y el liderazgo de los gobiernos.
Al ratificar la Convención, los estados secomprometen a tomar "todas
las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos reconocidos" en la Convención (artículo 4)
y a presentar informes sobre tales medidas al Comité de los Derechos
del Niño, el organismo de expertos elegidos internamente que se
encargan de verificar la
aplicación de la Convención por parte de los Estados.
Como
señaló un miembro del Comité durante el análisis de un informe de uno
de los Estados, no existen medidas acertadas o equivocadas en materia
de aplicación de los derechos. Lo más importante es que la Convención
debe ser el punto de referencia y la inspiración de las acciones que
se tomen en todas las esferas gubernamentales. Y debido a que la protección
de los derechos humanos es por naturaleza un proceso permanente infinito,
siempre hay posibilidades para realizar mejoras.
En
sus análisis, el Comité exhorta a todas las esferas gubernamentales
a que utilicen la Convención como una pauta para formular y aplicar
políticas, a fin de:
- Formular
un amplio programa nacional
- Establecer
organismos o mecanismos
permanentes para promover la coordinación, la verificación y
la evaluación de las actividades en todos los sectores gubernamentales.
- Velar porque
todas las medidas legislativas sean plenamente
compatibles con la Convención mediante su incorporación a las
leyes nacionales o asegurando que sus principios tengan preferencia
en los casos de conflicto con la legislación nacional.
- Involucrar
a los niños en los procesos de formulación de políticas en todas
las esferas gubernamentales mediante la realización de una evaluación de los efectos
de las medidas sobre los niños.
- Analizar
el gasto gubernamental para establecer la proporción de fondos
públicos que se emplea en beneficio de la infancia y asegurar que
estos recursos se utilicen de manera efectiva.
- Asegurar que
se recopila una cantidad
suficiente de datos y se utilizan para mejorar la situación
de todos los niños en todas las jurisdicciones.
- Concienciar
y difundir información
sobre la Convención mediante la formación de todas las personas
que participan en la formulación de políticas gubernamentales y
trabajan con o para los niños.
- Involucrar
a la sociedad civil —incluidos los propios niños—
en el proceso de aplicar el tratado y concienciar a la opinión pública
sobre los derechos de la infancia.
- Establecer
por ley oficinas independientes
—defensores del pueblo, comisiones u otras instituciones—
para promover proteger los derechos de la infancia.
El
Comité de los Derechos del Niño exhorta constantemente a los gobiernos
a que tomen medidas especiales y formulen políticas y programas especiales
destinados a los niños. De esta forma, ha contribuido al fomento de
un sentimiento por el cual las cuestiones de los niños tienen una mayor
prioridad política y ha promovido una mayor toma de conciencia sobre
la forma en que las medidas o la falta de medidas de los gobiernos afectan
a los niños.
La
función de las autoridades locales
En
muchos países, los gobiernos locales están asumiendo una responsabilidad
mucho mayor en la protección de los derechos de la infancia. De hecho,
las autoridades locales tienen una función esencial que desempeñar apoyando
a otros prestadores de servicios y también en las esferas de la regulación,
la aplicación y la verificación de los derechos de la infancia.
Esta
función es cada vez mayor debido a que la descentralización y la reducción
de las redes de bienestar social han creado un vacío en la prestación
social, que ha aumentado las cargas de las autoridades locales. En muchos
de estos casos, las autoridades municipales y las ramas locales de los
organismos nacionales se convierten en los prestadores principales de
los servicios básicos a los niños. Incluso cuando disminuye la asistencia
de los niveles más altos de gobierno, las autoridades locales detentan
la responsabilidad jurídica de responder como mejor puedan a la situación
de los niños que viven bajo su jurisdicción.
“Para
velar por el bienestar de los niños se deben adoptar medidas políticas
al
más alto nivel.
Estamos decididos a hacerlo.
Declaración mundial sobre la supervivencia, la protección y el
desarrollo del niño, 1990
|
|