El artículo 46 de la Convención establece que "estará abierta a la firma de todos los Estados". Los artículos 47 y 48, respectivamente, añaden que la Convención "está sujeta a ratificación" y "abierta a la adhesión". La Convención se abrió a la firma, la ratificación y la adhesión el 26 de enero de 1990.

¿Qué ocurre cuando un país "firma" la Convención?

La firma constituye un apoyo preliminar y general de la Convención por parte del país en cuestión. No se trata de una medida jurídicamente vinculante, pero es una indicación de que el país tiene intención de someter el tratado a un análisis minucioso de buena fe para determinar su posición al respecto. Aunque la firma de la Convención de ninguna forma obliga al país a avanzar hacia la ratificación, si establece la obligación de abstenerse de cualquier acto que ponga en peligro los objetivos de la Convención, o de tomar medidas que debiliten el tratado.

¿Qué es "adhesión" y "ratificación"?

Los artículos 47 y 48 de la Convención establecen que un país puede convertirse en un Estado Parte por la vía de la ratificación o de la adhesión. Estas dos medidas representan el compromiso, jurídicamente vinculante, de acatar las disposiciones de la Convención. La distinción se refiere a dos procedimientos diferentes para convertirse en Estado Parte, y esencialmente es una distinción irrelevante. La adhesión tiene exactamente las mismas repercusiones que la ratificación. Por lo general, un país que está de acuerdo con una convención la firma poco después de que haya sido aprobada, y después la ratifica cuando se han cumplido todos los procedimientos que exige la ley nacional. Los países que no han firmado pueden convertirse en Estados Partes por medio de la adhesión a la Convención.

¿Qué formalismos se requieren para la ratificación y la adhesión?

Tanto la ratificación como la adhesión suponen dos medidas.

Primera medida: El organismo u organismos apropiados del país (ya sea el Parlamento, el Senado, la Corona o el Jefe de Estado/Gobierno), toman la decisión formal de convertirse en Parte de la Convención de conformidad con los procedimientos constitucionales pertinentes en el país.

Segunda medida: Tal como lo requieren los artículos 47 y 48 la Convención, el Gobierno (normalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores) deposita el instrumento de la ratificación o la adhesión en poder del Secretario General de la Naciones Unidas. Esto significa:

• La preparación de una carta formal sellada, referida a la decisión pertinente, firmada por la autoridad responsable en el país. Este es el instrumento de ratificación o adhesión;
  
  
• La presentación del original de este documento ante la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas en Nueva York. La fecha de recepción del documento se registra como la fecha de ratificación o adhesión del país en cuestión.

  La Convención se convierte en jurídicamente vinculante en el país 30 días después de que se haya recibido el instrumento de ratificación o de adhesión.

  ¿Qué se decide primero, la ratificación o la adhesión?

  Los procedimientos formales varían enormemente en los diferentes países cuando se trata de ratificar o de prestar la adhesión a un tratado internacional. Por tanto, resulta imposible ofrecer descripciones específicas de los procedimientos requeridos, más allá de algunas observaciones generales.

  En algunos países, el Jefe de Estado/Gobierno tiene el poder constitucional de ratificar o adherirse a un tratado por decisión propia. En otros países, se requiere la aprobación de las autoridades legislativas. En muchos casos, se utiliza una combinación de estos dos sistemas. Normalmente, antes de ratificar o prestar adhesión a la Convención, un país suele realizar un análisis minucioso de las disposiciones del tratado y examina detalladamente el sistema más apropiado y efectivo para promover su observancia, sobre todo cuando se trata de enmendar la legislación nacional. En algunos casos, esto puede realizarse por medio de consultas con los principales aliados sociales, como los sindicatos y los grupos patronales, los grupos encargados del bienestar del niño y otros grupos, y las ONG.

  ¿Es preciso asegurar la observancia antes de que un país pueda ratificar o adherirse a la Convención?

  Los países no tienen la obligación de adoptar por anticipado todas las medidas legislativas y de otro tipo contempladas en la Convención sobre los Derechos del Niño antes de ratificar el tratado o adherirse a él.

  Sin embargo, se espera que un país cumpla con las obligaciones de la Convención en un plazo razonable de tiempo después de la ratificación o la adhesión. La pregunta de cuánto tiempo se considera "razonable" sigue estando abierta al debate. El artículo 44 de la Convención exige a los Estados Partes que a los dos años de su adhesión a la Convención informen sobre las medidas que han adoptado para aplicar los derechos de la infancia. Este periodo de dos años es un límite razonable para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones de la Convención.

  La Convención establece, sin embargo, una distinción entre los derechos económicos, sociales y culturales por una parte, y los derechos civiles y políticos por otra. Para los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 4 dispone que los países "adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan". Esto significa que cuando se pueda demostrar genuinamente que no se dispone de los recursos necesarios en ese momento, o no puede disponerse de ellos en un futuro inmediato, el incumplimiento de este artículo no se considerara una infracción a la Convención. La obligación es de tomar las medidas necesarias hacia un cumplimiento progresivo y es preciso demostrar que se realizan actividades de buena fe encaminadas a lograrlo.

  El artículo 4 solicita asimismo la cooperación internacional para asegurar la aplicación de la Convención. La inclusión de esta referencia es una novedad en la legislación internacional relativa a los derechos humanos, y se refiere a la necesidad de asistencia internacional proveniente de organizaciones como el UNICEF, así como de asistencia bilateral. Según la Convención, los países industrializados tienen ciertas obligaciones para asistir a los países en desarrollo.

  ¿Qué significado tiene la Convención en los países que no la han ratificado o no han prestado su adhesión?

  La Convención no vincula jurídicamente a un país que no la haya ratificado. Sin embargo, sus disposiciones siguen siendo importantes debido a varias razones:

• la Convención tiene repercusiones en todos los países porque forma parte del derecho consuetudinario internacional. La Convención representa un consenso internacional sobre los derechos de la infancia;
  
  
• la Convención fue aprobada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas después de un dilatado proceso, y un considerable número de países han participado activamente en su preparación;
  
  
• en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, 71 Jefes de Estado y de Gobierno resaltaron la importancia de la Convención como una pauta que rige las actividades que afectan a la infancia;
  
  
• el apoyo por parte de un gran número de países a las normas que aparecen en la Convención mediante la ratificación, y la aplicación real de las normas por parte de países que ya son Estados Partes, influirá y orientará el debate sobre los derechos de la infancia en el plano internacional, con consecuencias inevitables para todos los países;
  
  
• la Junta Ejecutiva del UNICEF decidió en 1991 (decisión 1991/9) que todos los programas deben reflejar los principios de la Convención, lo que significa que el UNICEF debe utilizar la Convención como un marco de referencia para todos los programas, tanto si el país ha ratificado el tratado o no.

  Aunque el UNICEF no puede alegar una obligación jurídicamente vinculante en los países que no han ratificado el tratado, la Convención puede utilizarse como una norma internacional y los trabajadores del UNICEF deben referirse a este consenso universal que existe en torno a las normas de la Convención. Como tal, no es posible hacer caso omiso de la Convención en ningún país.

  Firma, ratificación y adhesión

  El texto del tratado indica que la Convención debe estar abierta a la firma por todos los Estados. Aunque se trata de un formalismo, es sin embargo muy importante, que ya que constituye un respaldo preliminar general de la Convención. Sin embargo, la firma por parte de un Estado no le obliga de ningún modo a tomar la medida siguiente, es decir, la ratificación. Significa que el Estado reúne los requisitos para ratificar el tratado y, de conformidad con el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, obliga a los Estados a impedir de buena fe cualquier actividad que tenga como objetivo debilitar las metas de la Convención. En otras palabras, sería un acto de mala fe por parte de un Estado firmar la Convención y conculcar sus disposiciones al día siguiente, incluso a pesar de que la Convención no es jurídicamente vinculante hasta que no se ha ratificado.

  La ratificación exige dos medidas. La primera es que el organismo apropiado del país (ya sea el Parlamento, el Senado, la Corona o el Jefe de Estado/Gobierno, etc.) acepte adoptar las obligaciones pertinentes del tratado de conformidad con los procedimientos constitucionales adecuados. La segunda es que el Gobierno deposite un instrumento de ratificación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Si la Convención ya se ha puesto en vigor en ese momento, el Estado tendrá una obligación jurídicamente vinculante para con la Convención 30 días después de la ratificación.

  La adhesión es esencialmente otra palabra para la ratificación, excepto que no viene precedida de ninguna firma.

  Puesta en vigor. La Convención no entra en vigor hasta que haya sido ratificada (o haya recibido la adhesión) por 20 Estados.

  Tratado o Convención? En términos generales, cualquier forma de acuerdo internacional que establezca obligaciones jurídicamente vinculantes para las partes se considera un tratado. Los tratados son diferentes unos de otros, e incluyen convenciones, pactos, protocolos, cartas, estatutos, etc. En la esfera de los derechos humanos, el término más común es el de "Convención". La única distinción importante es entre una "declaración", que representa solamente un compromiso moral y no es jurídicamente vinculante, y una "Convención", que, por definición, es jurídicamente vinculante.